El caso y la deuda millonaria
El magistrado en lo Civil, Guillermo Trovato, ha determinado la subasta de los activos del senador cartista Basilio Bachi Núñez para saldar una deuda de más de 1.020 millones con la Cooperativa San Cristóbal.
La solicitud de sentencia de remate de los bienes del senador, presentada por el abogado Pedro Camilo Valiente Martínez, fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno. El objetivo es cubrir la abultada deuda más intereses que Núñez mantiene con la Cooperativa San Cristóbal.
Bachi Núñez había obtenido un préstamo de más de 1.020 millones de guaraníes, a través de un acuerdo a sola firma, en noviembre de 2020, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos para tal fin. Esta acción fue realizada a petición del Consejo de Administración de la cooperativa.
El contexto y las repercusiones
Resulta llamativo que, a pesar de esta deuda, Bachi Núñez fue recientemente elegido como presidente del Congreso Nacional, un puesto que asumirá el 1 de julio, sucediendo a su colega Silvio Ovelar.
Este caso no es aislado, ya que previamente se ha conocido de otros préstamos millonarios otorgados por la Cooperativa San Cristóbal, que estuvo bajo intervención del Incoop. Este escenario se vio envuelto en controversia debido a las conexiones de Juan Carlos Ozorio, ex presidente de la cooperativa, con actividades ilícitas como lavado de dinero y narcotráfico.
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Detenciones y consecuencias
En enero de este año, la policía detuvo a Fernando Germán González, ex tesorero de la cooperativa, en relación con préstamos irregulares que generaron un déficit millonario en la entidad. Este episodio revela las profundas implicancias de la gestión financiera de la cooperativa y las repercusiones legales que aún persisten.
El caso de la Cooperativa San Cristóbal sigue generando polémica y revela la importancia de una gestión financiera transparente y responsable en las instituciones cooperativas del país.
Es crucial que las autoridades pertinentes tomen medidas para garantizar la integridad y estabilidad de las instituciones financieras, así como la protección de los derechos de los ciudadanos involucrados en estos casos.
