Caso audios: El Ministerio Público trató de acceder a los datos de un DVR del circuito cerrado que se incautó del JEM en el año 2017, pero no se pudo realizar este procedimiento en vista que los agentes no contaban con la contraseña para poder ingresar al sistema.
El día de ayer concluyó la etapa de producción de pruebas con las últimas evidencias que ofreció la defensa y la Fiscalía, los agentes afirman que se excluyeron los audios filtrados que fueron divulgados entre los meses de noviembre y diciembre del año 2017, donde se mostraba el supuesto tráfico de influencias y asociación criminal entre el exsenador Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann, Carmelo Caballero y Jorge Oviedo Matto.
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Aunque si bien es cierto, no se pudo extraer datos de un DVR en el día de ayer, que pertenece al circuito cerrado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en vista que los fiscales, Natalia Fúster, Rodrigo Estigarribia y Sussy Riquelme no contaban con la contraseña del equipo que se incautó en el mes de diciembre del año 2017.
En vista que resultó imposible acceder a esta información que se ofreció como prueba de la acusación contra los procesados, la fiscala Sussy Riquelme mencionó que las cámaras del circuito cerrado del JEM se encontraban en Acceso principal, recepción, pasillo, escalera, entre otros.
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Aparte de la DVR, en el juicio oral también se introdujo como pruebas dos CPU, que eran pertenencias de Fernández Lippmann, cuando era secretario de Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento y se utilizaba como mesa de entrada de la institución.
Los datos de ambas maquinas se extrajeron en la sala donde se desarrolla el juicio oral, y fue a mano de dos consultores técnicos que fueron designados, uno por la Fiscalía y el otro por las defensas.
A parte de lo incautado en el JEM, el Ministerio Público presentó como prueba en contra de las personas acusadas un informe de auditoría que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia, con respecto a que Jorge Oviedo Matto, Óscar González Daher, Raúl Fernández Lippmann y Carmelo Caballero habrían apretado tanto a jueces como fiscales.
Según la acusación fiscal, tanto óscar González Daher como Carmelo Caballero y su exsecretario, operaron para sacar del cargo mediante el Jurado de Enjuiciamiento a la Fiscal Teresa Rojas por sus actuaciones en la causa “Electrofacil” en vista que la misma imputó y solicitó prisión preventiva para Luis Emilio Saguier Blanco, quien tenía como representante legal al abogado que ahora mismo se encuentra enjuiciado.
A su vez, Óscar Gonzalez Daher se encuentra acusado por utilizar influencias con la jueza Adriana Pedretti, con el propósito de que esta última designe como depositario judicial de una retroexcavadora de la firma El Farol a su amigo, el exintendente de Mariano Roque Alonso, Walberto Zárate.
Por otra parte, Jorge Oviedo Matto se encuentra acusado por tráfico de influencias en el caso de la Fiscal Casse Giménez, a quien presuntamente solicitó la suma de 10.000 dólares para poder operar con otros miembros del Jurado de Enjuiciamiento de la agente fiscal Karina González.
