Asunción, 25 de febrero de 2026.
Funcionarios con hasta 24 años de antigüedad en la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) denunciaron públicamente un cambio unilateral de modalidad contractual y la falta de pago de salario correspondiente a enero de 2026.
Los trabajadores, que ingresaron mediante Concurso Público de Méritos y durante años cumplieron funciones administrativas permanentes con remuneración mensual fija, marcación biométrica, vacaciones y aguinaldo, sostienen que en enero fueron convertidos a contratos “por resultado” sin notificación formal previa.
La situación se da bajo la coordinación general de Dalila Noemí Zarza Paredes, designada durante una gestión ministerial que fue objeto de cuestionamientos públicos en años anteriores dentro del MEC.
Eliminación de marcación y salario pendiente
Según los denunciantes:
- Se eliminó la marcación biométrica sin acto administrativo escrito.
- Se mantiene la exigencia de firma manual de planillas.
- Se modificó la modalidad contractual pese a que continúan cumpliendo funciones administrativas permanentes.
- No se abonó el salario del mes de enero.
Para los afectados, estas decisiones podrían configurar un proceso de precarización laboral progresiva hacia una eventual desvinculación indirecta.
Dictámenes opuestos
Los funcionarios recuerdan que cuentan con dictámenes favorables emitidos por la Secretaría de la Función Pública (2018) y por el Viceministerio de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas (noviembre de 2025), donde se reconocía relación de dependencia y aplicación del principio de primacía de la realidad.
Sin embargo, un dictamen interno del MEC en enero de 2026 sostuvo que la relación contractual se rige por el Código Civil, postura que —según los trabajadores— desconoce la práctica institucional sostenida por años.
Posible judicialización
Los afectados afirman que agotaron instancias administrativas internas y analizan recurrir a la vía judicial. Sostienen que la situación podría implicar vulneración de principios como la seguridad jurídica, la progresividad de derechos y la protección del trabajo reconocida en la Constitución Nacional de la República del Paraguay, así como disposiciones de la Ley Nº 7445/2025.
“Después de más de dos décadas de servicio, no pedimos privilegios. Pedimos que se respete la legalidad y que se nos pague el salario correspondiente”, expresaron.
