La creciente problemática de las criptominerías ilegales sigue afectando a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay. Este año, la entidad estatal ha desconectado instalaciones que consumían más de 46 MW mediante conexiones no autorizadas.
Senadores han presentado un proyecto de ley que busca prohibir las criptominerías y criptoactivos ilegales. Fernando Arriola, director de la Cámara Paraguaya de Fintech, expresó su desacuerdo con la cancelación de contratos ya en vigencia y su apoyo para mejorar el proyecto de ley en términos técnicos.
Uno de los cambios propuestos es la modificación del Código Penal para introducir un nuevo artículo que endurezca las penas por el robo o sustracción de energía eléctrica, elevando la pena privativa de libertad hasta cinco años. Actualmente, el artículo 173 del código establece penas de dos a tres años o multa por estos delitos.
La nueva legislación también permitiría a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) incautar bienes de operaciones ilegales de criptominerías para, posteriormente, adjudicarlos a la ANDE tras una sentencia judicial.
Arriola enfatizó la necesidad de claridad en la ley, mencionando que el robo de energía a entidades estatales es actualmente un área ambigua, ya que implica robar a un órgano estatal, lo cual tiene implicaciones diferentes a robar a individuos o empresas privadas.
ANDE enfrenta pérdidas mensuales significativas por conexiones irregulares, estimadas en USD 2 millones, lo que impacta la financiación de múltiples proyectos nacionales y crea una competencia desleal en el sector tecnológico. El gremio de tecnología ha invertido más de USD 300 millones en Paraguay en los últimos tres años, destacando su contribución en impuestos y empleo.
El presidente de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, expresó su apoyo a las penas más severas para desincentivar las instalaciones ilegales de criptominerías, destacando la distinción entre las operaciones legales e ilegales y su impacto en el sistema eléctrico. Sosa mencionó una posible audiencia pública el 23 de este mes para discutir estos temas con el Congreso Nacional y la ciudadanía.
La situación ha llevado a múltiples denuncias presentadas ante la Fiscalía, aunque muchos casos aún no han progresado.
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