A pesar de las protestas que se tomaron las calles frente al Congreso y en todo el país, el Senado dio el visto bueno final, anoche, a la ley de la Carrera Civil en la función pública. Por ahora, ni la Corte ni el Congreso están fuera de su alcance, pero ya se planea excluirlos. Esta nueva norma permitirá que continúen miles de contratados, falsos concursos, nepobabies, y cargos de confianza, pero le da al Ministerio de Economía el as bajo la manga de poder anular los contratos colectivos.
El Senado, dominado por la mayoría cartista, aprobó la ley con media sanción, derogando la ya vieja Ley N° 1626/2000 de la Función Pública, que estaba repleta de acciones de inconstitucionalidad por parte de sindicatos y entes que no querían cumplirla.
El debate duró unas cinco horas y el proyecto se aprobó con 35 votos a favor. Se discutieron y aprobaron unos 100 artículos que los opositores habían objetado, pero todo esto fue tildado como un simple “simulacro”, ya que los cartistas y sus aliados tenían su aplanadora lista. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados.
Los cartistas cedieron ante varios reclamos de los sindicatos del sector público, que son uno de sus principales apoyos durante las elecciones. Ya no van a descabezar sindicatos ni a elevar de dos a cuatro los años que un “nombrado” debe cumplir para alcanzar la estabilidad laboral.
Incluso con esta nueva ley, alguien “contratado” ahora se llamará “empleado público” y tendrá la estabilidad laboral después de 10 años en el mismo puesto, copiando el derecho laboral del sector privado, que el presidente Santiago Peña dijo querer eliminar.
Senado y Corte, rumbo a leyes particulares
Los cartistas han negado una y otra vez que esta ley deje fuera al Poder Legislativo y al Judicial, pero ya está claro que preparan nuevas normativas para lograr los mismos objetivos.
Quieren contar con normas específicas que les permitan a la Corte, al Congreso y a otros entes autárquicos seguir nombrando miles de contratados a dedo, colocando a sus familiares y abusando de los cargos de confianza, según indicaron opositores. La senadora Yolanda Paredes (CN) dijo que las entidades excluidas con esta ley demuestran que solo perjudicará a los funcionarios “pobres” que no tienen “kavajú” político.
El superministro, con mano dura
La senadora Esperanza Martínez (FG) señaló que el cartismo busca darle superpoderes al “superministro” de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, para que pueda anular cualquier contrato colectivo que exceda el presupuesto.
Supuestamente, esta reforma de las reglas del juego para los funcionarios públicos es una condición para que los organismos internacionales sigan prestando dinero a Paraguay, aumentando la deuda pública.
Durante la mañana, se vieron sindicatos estatales en las calles frente al Congreso y en varias partes del país, protestando contra esta ley y alzando sus voces en defensa de sus derechos.
¿Qué sigue ahora?
La pregunta que queda flotando es hasta dónde esta ley cambiará el panorama en la función pública. Los opositores argumentan que los “contratados” seguirán siendo “empleados públicos” en un sistema lleno de verdaderos amiguismos y otras irregularidades.
Fuente: (ABC) https://www.abc.com.py/politica/2024/11/14/seguiran-miles-de-contratados-falsos-concursos-y-nepobabies-en-el-estado/
