Décadas de servicio al Estado no valen nada para el MEC: trabajadores con hasta 24 años de antigüedad son tratados como descartables por la cartera educativa
Contratos manipulados, vacaciones anuladas y salarios retenidos: ¿Es la receta perfecta que buscan para forzar renuncias y dejar cargos vacantes para operadores políticos?
En un país donde la justicia laboral parece ser un lujo reservado para unos pocos, al menos 15 funcionarios de la Unidad Ejecutora de Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) viven una pesadilla que desnuda la cara más cruel e inhumana de la burocracia estatal.
Hablamos de trabajadores con entre 10 y 24 años de servicio ininterrumpido que hoy son tratados como fichas desechables donde las autoridades mueven las piezas a su antojo.
El golpe bajo de 2017: cuando comenzó el calvario
Como si se tratara de un manual de precarización laboral, desde 2017 las autoridades del MEC bajo la Coordinación de Proyectos a cargo de la Sra. Dalila Zarza y la Coordinación General del Sr. Félix Kemper, según informaciones ejecutaron una serie de modificaciones contractuales que solo pueden calificarse como un atropello sistemático:
- Eliminaron el concurso público de méritos, ese mecanismo que supuestamente garantiza transparencia y estabilidad.
- Borraron de un plumazo derechos fundamentales: vacaciones, indemnización y preaviso.
- Transformaron contratos por unidad de tiempo en contratos “por resultado”, una figura ambigua que permite a la administración escurrir responsabilidades.
La burla institucional: dictámenes favorables que terminan en el cajón
Lo más indignante de este caso —si es que puede existir algo más indignante— es que existen dictámenes favorables que reconocen expresamente la relación de dependencia y los derechos adquiridos de estos funcionarios.
Pero aquí viene la parte que hiela la sangre: la administración simplemente los ignoró y lo borró de un plumaso.
No conformes con ello, las autoridades decidieron:
✓ Anular vacaciones que ya habían sido gozadas (sí, retroactivamente)
✓ Imponer nuevos sistemas de registro de asistencia diseñados para posiblemente generar ausentismo justificables.
✓ Retener salarios, sumiendo a familias enteras en la incertidumbre económica
El objetivo está claro: forzar renuncias
No hace falta ser muy inteligente para entender la estrategia detrás de esta cadena de abusos. Se busca quebrar psicológica y económicamente a estos trabajadores para que renuncien “voluntariamente”, dejando así cargos vacantes que —casualmente— podrán ser ocupados por otros funcionarios “recomendados”.
Es la táctica del desgaste ¿Para qué indemnizar si puedes hostigar hasta que la persona se vaya sola?
Funcionarios afectados ya no saben a quien recurrir
Estos funcionarios han recorrido cada pasillo, tocado cada puerta y agotado todas las instancias administrativas disponibles. La respuesta institucional ha sido el silencio cómplice o, peor aún, más represalias.
Ahora, la vía judicial se presenta como el último recurso para quienes dedicaron los mejores años de su vida productiva a una institución que hoy les da la espalda.
La pregunta que deberíamos hacernos todos
Si esto le ocurre a funcionarios con hasta 24 años de antigüedad, con dictámenes legales a su favor, dentro del Ministerio de Educación y Ciencias —la cartera que supuestamente forma ciudadanos en valores y derechos— ¿qué le espera al trabajador común que no tiene voz ni plataforma para denunciar?
Este no es solo un problema de 15 funcionarios. Es el reflejo de un sistema que premia la arbitrariedad y castiga la lealtad institucional.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administran los recursos humanos del Estado. Estos trabajadores merecen ser escuchados, y las autoridades responsables deben dar explicaciones. El silencio ya no es una opción.
▶️ Índice:
