Más de veinte funcionarios contratados de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), denunciaron la supuesta vulneración de derechos laborales que, según sostienen, se viene produciendo desde el año 2022.
Los trabajadores afectados cuentan con entre 10 y 20 años de antigüedad y afirman que diversas decisiones administrativas modificaron sustancialmente las condiciones bajo las cuales venían prestando servicios de manera continua dentro de la institución.
Eliminación de derechos y cambios contractuales
Según señalaron los funcionarios afectados, entre las medidas adoptadas se encuentran la eliminación de derechos históricamente reconocidos, como las vacaciones anuales remuneradas, el aguinaldo y otros beneficios derivados de años de prestación continua de servicios.
Asimismo, denunciaron que sus contratos fueron modificados, pasando de modalidades vinculadas al tiempo de prestación de servicios a contratos “por producto” o “por resultado”, incluso en funciones administrativas y operativas permanentes como las desempeñadas por personal administrativo, técnico y choferes.
Los funcionarios sostienen además que permanecen excluidos del régimen de jubilación de la Caja Fiscal, pese a haber prestado servicios al Estado durante largos períodos de tiempo, situación que consideran incompatible con la naturaleza permanente de las funciones desarrolladas y que afecta directamente su protección previsional futura.
Los afectados consideran que el conjunto de estas medidas desconoce la naturaleza real de las tareas desempeñadas y afecta el reconocimiento de la antigüedad acumulada durante años de servicio dentro del Ministerio de Educación y Ciencias.
Dictámenes y antecedentes administrativos
Los funcionarios sostienen que existen antecedentes y dictámenes emitidos por organismos del Estado que reconocen derechos laborales derivados de la continuidad en la prestación de servicios.
Según indicaron, el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio de Economía y Finanzas emitió dictámenes favorables reconociendo determinados derechos laborales del personal contratado. Sin embargo, afirman que las modificaciones contractuales continuaron aplicándose pese a dichos antecedentes administrativos.
Los denunciantes sostienen que esta situación ha generado incertidumbre jurídica respecto al alcance de los derechos reconocidos al personal contratado que durante años prestó servicios de manera continua para el Estado.
Otras situaciones denunciadas
Los afectados también denunciaron la eliminación de registros administrativos vinculados a la prestación de servicios, así como situaciones que, a su criterio, reflejan un trato desigual respecto de otros funcionarios de la institución.
Asimismo, señalaron haber sido objeto de medidas que consideran lesivas para la continuidad de sus derechos laborales, situación que ha generado preocupación entre trabajadores con más de una década de antigüedad dentro de la entidad.
Reunión con autoridades
Los funcionarios indicaron que mantuvieron reuniones con autoridades del MEC, incluyendo al ministro de Educación, Luis Ramírez, ocasión en la que se les habría señalado que la vía judicial sería el mecanismo adecuado para resolver la controversia planteada.
Ante esta situación, los trabajadores continúan impulsando distintas gestiones institucionales en busca de una revisión de las medidas adoptadas y del reconocimiento de los derechos que consideran afectados.
Posición del MEC
Por su parte, el MEC sostiene que los contratos celebrados durante el ejercicio fiscal 2026 fueron realizados bajo la modalidad “por producto”, aceptada por los firmantes y que no contempla beneficios como vacaciones ni aguinaldo.
Los funcionarios afectados, sin embargo, sostienen que dicha aceptación no implicó una negociación en igualdad de condiciones, sino la necesidad de suscribir los nuevos contratos para mantener su fuente de trabajo y continuar desempeñando las funciones que venían ejerciendo desde hacía años dentro de la institución.
Asimismo, señalan que al inicio del ejercicio fiscal 2026 continuaron desarrollando sus funciones habituales bajo las mismas condiciones operativas que venían manteniendo en años anteriores, incluyendo el registro de asistencia institucional durante el mes de enero conforme consta en los registros del Sistema Integrado de Gestión del MEC (SIGMEC).
Los contratos fueron suscriptos recién hacia finales de dicho mes, cuando el personal ya se encontraba prestando servicios de manera regular y con la expectativa de mantener las condiciones laborales vigentes hasta ese momento.
Los funcionarios afirman que la modificación sustancial de las condiciones contractuales se produjo posteriormente, incluyendo la eliminación del registro de marcación desde el mes de febrero, la exclusión de derechos históricamente reconocidos y la aplicación de nuevas condiciones que no habían formado parte de la realidad laboral bajo la cual venían desempeñándose durante años.
La institución argumenta que dichos contratos responden a las necesidades específicas de los programas y proyectos ejecutados por la cartera educativa y que no generan compromiso de renovación o nombramiento posterior. Asimismo, señala que dichos contratos se encuentran regidos por las disposiciones contractuales aplicables, la Ley de Presupuesto y el Código Civil paraguayo.
Un conflicto que sigue abierto
La controversia gira en torno a la naturaleza de la relación mantenida durante años entre los funcionarios contratados y el Estado, así como al alcance de los derechos laborales y previsionales que podrían derivarse de dicha continuidad.
Mientras los trabajadores solicitan el reconocimiento de derechos vinculados a su antigüedad, permanencia institucional, acceso a vacaciones anuales, protección previsional y demás garantías laborales derivadas de años de servicio continuo, las autoridades sostienen la validez de las modalidades contractuales actualmente aplicadas.
El conflicto continúa abierto y sigue siendo objeto de reclamos y gestiones por parte de los funcionarios afectados, quienes buscan que las instituciones competentes analicen la situación y determinen el alcance de los derechos reclamados.
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