Especialista en blanquear a políticos corruptos: Cinthia Garcete Urunaga es la jueza Penal de Garantías de Ciudad del Este, la magistrada es la “preferida” por las autoridades que se ven imputadas en Alto Paraná, debido a su generosidad con los procesados según una publicación del diario ABC, especialmente, por los hechos de corrupción y los que son denominados “peces gordos”.
Clan Zacarías Irún
El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) es el político de más alto nivel, en el que se vio beneficiado en varias ocasiones por la cuestionada jueza.
En el 2017 la Jueza habría archivado 2 denuncias por la supuesta apropiación de funciones en la Municipalidad del este en perjuicio del Senador Zacarías Irún, antes de que este se convierta en Senador.
En diciembre del año 2019, la magistrada concedió libertad ambulatoria a Javier Zacarías, a causa de una desviación de dinero de unos G. 3.700 millones de las arcas municipales, esto en el periodo de gestión de su esposa Sandra McLeod.
Así también, en junio del año 2020, la jueza Cinthia Garcete suprimió definitivamente al senador Zacarías y al imputado Alberto Rodríguez (ANR, cartista), ex intendente interino, en el desvió de G. 1.200 millones, hasta inclusive la Fiscalía pidió la elevación de la causa a juicio oral y público.
Los tres casos mencionados quedaban a cargo de otros jueces, pero por medio de recusaciones y maniobras, del abogado defensor de Zacarías Irún consiguió colocar los expedientes en la oficina de Cinthia Garcete Urunaga.
La jueza Garcete inhabilito una imputación contra Javier Zacarías Irún – McLeod que se presentó en febrero del 2020 por una situación similar de desvío de dinero de la Municipalidad para la campaña política, por un perjuicio de G. 2.488 millones.
Liberales
Carlos Portillo diputado (PLRA), fue acusado por tráfico de influencia, y este sería otro “mimado” de la jueza especialista en blanquear a políticos corruptos.
La jueza en primer lugar habría dejado sin puntos de pericia a la Fiscalía en el acceso de la información del celular y del liberal y luego excluyó pruebas claves.
El caso del legislador Portillo se veía en curso en Asunción, pero por medio de maniobras legales logró que su expediente vaya a parar al despacho de Garcete.
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Entre los últimos blanqueados por la jueza se puede mencionar a los ex intendentes de Hernandarias Mario Castillo (PLRA, llanista) y Erico Agüero (PLRA), que fueron acusados de un supuesto desvío de G. 737.454.084.
Estos hechos estaban siendo tramitados en Hernandarias y gracias a las recusaciones de los jueces, los archivos de nuevo llegaron a las manos de Garcete.
Elías Bernal Sánchez, el presidente de la seccional, en el periodo que oficiaba de secretario general de la Gobernación de Alto Paraná, esto durante la gestión de Zacarías (2013-2023), se vio también salvado por la magistrada en una investigación por un supuesto caso de abuso infantil.
La jueza declinó la elaboración de un examen de ADN, esto era una prueba esencial para el caso.
El proceso sigue en curso
El caso del intendente de Juan León Mallorquín, Mario Noguera (PLRA) y al ex intendente Francisco Amarilla (PLRA), este de Juan E. O’Leary, ambos se tramita en el juzgado de Garcete.
El primero es imputado por lesión de confianza, debido a que se descubrió el uso irregular de Fonacide por G. 789.404.259, mientras que por el otro lado, Amarilla es procesado en un caso que por imperio de la ley se guarda en reserva.
El modus operandi
En los casos de Zacarías Irún y Portillo la jueza realizó el mismo modus operandi, en el cual consiste en borrar las pruebas claras que se encuentran en los móviles tales como, mensajes de textos y llamadas.
Por Nicolás Vega
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