El ministro Javier Giménez salió al paso de las críticas al polémico Decreto 1.952 sobre importación de combustibles. La normativa, que exige tanques de almacenamiento de 16 millones de litros a partir de julio, busca regular la venta de búnker, explicó el titular del MIC.
“Es una norma técnica para ordenar la venta de este combustible que no paga impuestos”, señaló Giménez. Según el ministro, el sistema anterior era demasiado flexible, permitiendo que el búnker destinado a embarcaciones terminara en el mercado interno sin pagar impuestos.
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El funcionario detalló cómo operaba el contrabando: “Eran camiones cisterna que se apostaban en el río y cargaban desde los remolcadores con una manguera”. La DNIT impulsó el cambio para evitar estas prácticas, exigiendo que la carga se realice en puertos con tancaje específico.
Giménez ejemplificó: “Si un importador trae 1.000 litros, 500 para mercado interno y 500 para remolcadores, antes podía importar esos 500 sin impuestos y cargar en cualquier lugar del río, perdiéndose la trazabilidad”.
Sin embargo, el decreto generó malestar en el sector privado. Luis Ortega de Raizen Shell cuestionó duramente la medida, sugiriendo que busca beneficiar a Petropar. “Nos cambian las condiciones de trabajo a cada rato”, se quejó Ortega, advirtiendo que Shell evalúa su permanencia en Paraguay.
Ante esto, el ministro se mostró preocupado y abierto al diálogo. “Si llega a afectar la competencia, me preocupa. Me comprometo a reunirme con todos los actores”, aseguró Giménez, insistiendo en que el Gobierno no es “obtuso” y busca reglas claras para el sector.
El conflicto está lejos de resolverse. Mientras el MIC defiende la medida como necesaria para combatir el contrabando, los emblemas privados la ven como una amenaza a la competitividad. El desenlace de esta disputa podría tener serias implicaciones para el mercado de combustibles en Paraguay.
Fuente: abc color
